Así avanzan los países de la región en sus respectivas Leyes Fintech

No es raro que, una vez que comienza a explotar la creación de empresas en algún sector, surja una ley para regular y fiscalizar sus actividades. El caso de las fintech no es ninguna excepción: son estas empresas las que están llevando la batuta de la carrera hacia la economía digital, mezclando finanzas con tecnología y acercando los productos financieros a todas las personas. Tanto así, que la historia de las fintech es inédita en el mundo: no existe en los registros de la industria tecnológica un mercado que haya crecido tan rápido como este, llegando a una inversión de más de US $110 mil millones a nivel global tan solo en 2018. Ese mismo año, la industria contaba con 112 mil empresas fintech creadas.

A pesar de que algunos aseguran que la regulación puede ser un potenciador para ciertas industrias, otros advierten que hay que tener cuidado cuando las leyes son muy restrictivas y no permiten el crecimiento. En la regulación a nivel mundial, el abanico es amplio y son aproximadamente 12 las naciones que cuentan con legislación en estas áreas. Países como China y el Reino Unido han optado por crear leyes nuevas que regulen el uso de estas tecnologías en sus sistemas financieros. En Estados Unidos, en cambio, han decidido actuar de manera reactiva, es decir, modificando reglas que ya existen.

¿Qué pasa en nuestra región?

Tal como en un curso escolar de adolescentes, en Latinoamérica hay alumnos de todas las alturas. Algunos, cómo México y Brasil, están más avanzados que otros. De hecho, son esos dos países los que, casi compitiendo, sacaron regulaciones fintech al mismo tiempo. Eso sí, los expertos señalan que México es el único país que tiene una regulación integral y no parcializada.

En marzo de 2018.), la regulación fintech brasileña introdujo dos nuevos tipos de instituciones financieras a través de plataformas electrónicas: las sociedades de crédito directo y las sociedades de préstamos entre pares. En abril de 2019, la regulación incluyó la implementación de un sistema financiero abierto, lo que se conoce como “open banking”. Ese entorno regulado ha comprobado ser un impulso para la inversión: según KPMG, Brasil registró una inversión récord en el sector de US $555 millones en 2018.

México también fue uno de los más precoces: desde marzo de 2018 cuentan con una Ley Fintech Integral, aunque solo entró en vigencia en septiembre de ese mismo año. Esto, a pesar de que ya existían varias empresas fintech en el país, las que tuvieron hasta septiembre de 2019 para solicitar su autorización oficial bajo la nueva ley. Con la pandemia, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) suspendió los procesos de autorización y dejó a 80 fintech en espera. Pero, en agosto de 2020, el proceso se reanudó, esta vez de manera 100% digital. La ley en sí incluye la regulación de cuatro figuras: el crowdfunding, las criptomonedas, las API y la regulación sandbox.

Otro de los más avanzados, aunque sin contar aún con una legislación integral, es Colombia. Su regulación está a cargo del Ministerio de Hacienda, a través de la Unidad de Regulación Financiera (URF) y también la Superintendencia Financiera. Hasta ahora, han tomado pasos legislativos para dar entrada a los depósitos electrónicos, para permitir hacer crowdfunding financiero bajo ciertas normas y para permitir la llegada del robo-advisor al consumidor. También, la Superintendencia Financiera ha creado un sandbox regulatorio ¿Qué significa esto? Un sandbox es un espacio de experimentación, que permite a ciertas empresas operar temporalmente de forma legal, con la idea de que testeen sus soluciones en un ambiente aprobado por los fiscalizadores.

Sin ley específica

En Ecuador, a pesar de que se ha visto una buena apertura de la Superintendencia de Bancos hacia las fintech, aún no existe una ley que sea precisamente dirigida a estas compañías. En 2017, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera expidió la norma general que regula la definición, calificación y acciones de servicios auxiliares de los sectores financieros. Eso le dio oportunidad a varias compañías fintech de regularizarse y sacar autorización de forma oficial. Como no hay regulación específica, las fintech deben atenerse a las leyes aplicables a todas las empresas de naturaleza financiera. Ahí, existen dos sectores: el sector financiero privado (bancos, servicios financieros y entidades de servicios auxiliares) y el sector financiero popular y solidario (cooperativas de ahorro y crédito, bancos comunales, cajas de ahorro y cajas centrales). A diferencia de sus vecinos, aún no cuentan con un sandbox regulatorio. Es esta falta de leyes específicas la que justamente desacelera los procesos con las fintech, que se han visto obligadas a atenerse a leyes financieras que muchas veces no aplican para ellos.

Un poco más rezagados

Tanto Chile como Perú han demostrado su intención de avanzar en legislaciones fintech. Y es que ambos países cuentan con una alta actividad en la industria. En Chile, la última medición del Fintech Radar de Chile, de Finnovista, contabilizó 112 empresas fintech a mediados de 2019. En Perú, el crecimiento que han tenido este tipo de compañías supera a casi todos sus vecinos, registrando una tasa de avance de 256% entre 2017 y 2018.

En mayo de 2019, el Gobierno peruano envió al congreso un proyecto de ley de crowdfunding para ofrecer mayor seguridad a los inversores y protección a los consumidores. El proyecto establece que las plataformas de financiación colectiva solo pueden ser administradas por empresas con sede en Perú y autorizadas por el regulador de valores SMV. Por ahora, es ese frente de las fintech el que tiene regulación en la nación peruana.

Un poco más abajo en el continente, Chile lleva casi dos años discutiendo el tema de regular las empresas fintech. En abril de este año, el Gobierno anunció que ingresaría el proyecto de Ley Fintech al congreso a mediados de 2020, en un proceso que sería liderado por el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, con el impacto de la pandemia, poco ha pasado en ese aspecto y el Gobierno ha señalado que el tema está detenido. “Nos comentaron que el asunto había sido desplazado, por no ser parte de la lista de prioridades más urgentes”, dice Ángel Sierra, director ejecutivo de la Asociación de Empresas Fintech de Chile (FinteChile).

Un win-win

Para muchos, una legislación fintech puede ser beneficiosa para los gobiernos. Lo cierto es que, según la experiencia internacional, ha quedado demostrado que una buena regulación puede ser una ganancia para todos. Una Ley Fintech bien desarrollada en cada país:

• Garantiza y promueve un buen funcionamiento de la industria
• Protege a los usuarios de estos servicios
• Fomenta la inversión, ya que para los inversionistas es más seguro arriesgar fondos en un país donde hay un marco regulatorio firme.

Si algo ha dejado en claro la pandemia es la necesidad urgente de transitar hacia una economía digital. Empresas como dLocal, Rappi y Kushki están rompiendo esas barreras, donde la regulación juega un rol importante: puede hacerlas despegar o frenarlas en seco.

El caso de México es un ejemplo positivo: a dos años de la creación de su Ley Fintech, el país ha registrado una inversión récord de casi US $1.300 millones en 2020, es decir, un 16% de la inversión regional. Además, no hay que olvidar que una industria que crece a este ritmo es un fuerte generador de empleo calificado y dinamismo laboral, cosa que, con los estragos de la pandemia y los más de 41 millones de personas desocupadas en la región, se hace más relevante que nunca.

Como Kushki, queremos empujar la evolución de la industria fintech. Por eso, esperamos que la regulación en Latinoamérica acompañe el desarrollo de todas las empresas que, al igual que nosotros, buscan romper paradigmas, acercar los servicios financieros y facilitar la vida de todas las personas que viven en una de las regiones menos bancarizadas hasta ahora.